No lograron su objetivo de adelantar el censo a 2023, pero ahora buscan presionar para que el Gobierno apruebe una ley que garantice el censo en 2024 y la redistribución de recursos en septiembre de ese año.
El Gobierno sostiene que todo el proceso fue inútil y con un costo demasiado alto, mientras la oposición lo plantea como un éxito parcial.
Conversamos con Christian Guirapoigua, quien es un comunicador social boliviano doctorando en economía sobre el costo de los 36 días de paro en el departamento de Santa Cruz de la Sierra.
"Esto afectó especialmente a la economía de subsistencia, al sector más vulnerable, a las personas que viven el día a día", analizó.
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