Un cuarto de siglo después la firma sueca será llamada ante la justicia española, pues el 4 de julio de 2023 iniciará el proceso en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla, capital andaluza, donde el gobierno local demandará a la empresa el pago de 89,8 millones de euros (unos 89,6 millones de dólares) para reparar el daño.
Las partes celebraron una vista previa este octubre de 2022, donde la Junta de Andalucía consideró una obligación legal el reclamo de la indemnización, de acuerdo con la ley de Minas de España, mientras que Boliden argumentó que la autoridad regional ha sido omisa en reparar las consecuencias del derrame.
En distintos días de julio de 2023 se desenvolverá el juicio, con la previsión de que participen 12 testigos y un perito a propuesta de la firma sueca, segmentada en tres empresas, todas sujeto de demanda.
Mientras el gobierno andaluz acusa que la fractura acarreó 37 toneladas de peces muertos, la empresa sueca arguye que fue Sevilla quien autorizó ampliar la balsa en 1996, lo que derivó en la rotura y el derrame. Además, Boliden defiende que retiró los lodos tóxicos de manera voluntaria y con un gasto de 80 millones de euros (unos 79,8 millones de dólares) que no fueron cubiertos por el seguro.
Si bien el caso fue judicializado antes, se archivó en el año 2000 tras la imputación de 20 técnicos de Boliden, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente. Desde entonces, la autoridad andaluza y la firma sueca se han enfrentado judicialmente en distintos escenarios, hasta el panorama actual, que podría resolver el caso 25 años después del derrame.
Aznalcóllar, el sitio donde ocurrió el derrame tóxico, se ubica a unos 48 kilómetros al noroeste de la capital de la región de Andalucía, la más sureña del país europeo.