"Vamos a instalar una comisión internacional de combate a la corrupción y la impunidad, con el apoyo del secretario de las Naciones Unidas", adelantó la secretaria, primera oradora en la sesión vespertina del debate general del 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Castro señaló que en su país no pueden seguir sosteniendo la hipocresía de un sistema que juzga por crímenes vinculados al tráfico de drogas al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) y sin embargo "respaldaron y apoyaron por más de una década en la Comisión de Delitos dos fraudes electorales (2013 y 2017) y crímenes de lesa patria contra millones de hondureños".
"Nunca más cargaremos con el estereotipo de república bananera, terminaremos con los monopolios y oligopólicos que empobrecen nuestra economía", fijó la posición de su Gobierno la primera mujer presidenta de Honduras en 200 años.
También criticó a los testigos internacionales que avalaron los fraudes electores que dieron la presidencia de la República a Juan Orlando Hernández,.
Enfatizó que ninguno de los testigos ignoraban a lo que estaban condenando al pueblo de Honduras, y sin embargo se mostraron complacientes.
"Las naciones pobres del mundo ya no soportamos golpes de Estado, no soportamos el uso del lawfare ni revoluciones de colores, usualmente organizadas para expoliar nuestros vastos recursos naturales", añadió.
Castro advirtió que ya su Gobierno inició la "refundación de la patria", basada en los ideales y valores del Héroe Nacional Francisco Morazán.
"Mi Gobierno ha iniciado un proceso de refundación y cambios profundos que se basa en cuatro pilares fundamentales", explicó.
Citó en primer término la trasformación revolucionaria de la educación, para elevar el espíritu humano y terminar con el colonialismo, así como la construcción de un modelo económico alternativo profundamente soberano.
Afirmó que el centro del nuevo sistema debe ser la exaltación del humanismo, la solidaridad, la integración con otros pueblos, la paz y el respeto a los derechos humanos.
Por último, se refirió a la desprivatización progresiva de los servicios públicos, como salud, agua potable, energía eléctrica y la Internet.
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