"Trabajando contra la impunidad y por la búsqueda de verdad y justicia, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, presentó 17 querellas por casos de víctimas de la dictadura cívico-militar sin acciones judiciales", informó el Gobierno a través de un comunicado.
La medida, que fue anunciada en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas, busca determinar lo que sucedió en casos diversos que nunca fueron investigados, entre ellos, ejecuciones con desaparición forzosa, detenciones ilegales, apremios ilegítimos y una mujer embarazada que sufrió un aborto a raíz de las constantes sesiones de tortura.
En conferencia de prensa, la ministra Ríos explicó que esta es la primera parte de un programa más largo y afirmó que, de aquí a fin de año, se interpondrán un total de 60 acusaciones en favor de 355 víctimas, por cuyos casos nadie se ha querellado hasta la fecha.
"Nosotros estamos acá para reiterar nuestro compromiso como Gobierno en la búsqueda de verdad, de justicia y de reparación", añadió Ríos.
Durante la dictadura de Pinochet más de 28.000 personas fueron torturadas, 3.227 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio, según cifras oficiales.
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