Tras la reciente presentación de un informe de la Comisión de la Verdad , "se debe seguir avanzando hacia el derecho a la verdad, que comprende conocer las circunstancias que permitieron el ataque contra los estudiantes" la noche el 26 de septiembre de 2014, dijo en un pronunciamiento Guillermo Fernández-Maldonado, representante permanente del organismo en el país latinoamericano.
El organismo que encabeza Michelle Bachelet señala que las nuevas investigaciones son "un momento crucial para llegar a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa".
La llamada verdad histórica presentada por la anterior procuraduría hace seis años "resulta hoy aún más insostenible", dice el funcionario de la ONU.
La investigación debe esclarecer la secuencia de los hechos, "el rol del Estado y los grupos delincuenciales en la confabulación criminal y el destino final de los estudiantes con base en pruebas fehacientes", dijo Fernández-Maldonado.
El 19 de agosto pasado fue presentado un informe, según el cual la llamada Verdad Histórica presentada en enero de 2015 se basó en torturas y fue diseñada en la oficina de la Presidencia durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Tres nuevos elementos
El nuevo informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa muestra la voluntad "al más alto nivel" de allegarse de todos los elementos que contribuyan al conocimiento de la verdad de lo ocurrido y al acceso a la justicia, prosigue el texto.
Tras revisar el informe presentado y conocer las nuevas actuaciones judiciales del caso, que llevaron a la detención de quien fue procurador general (fiscal) en la administración federal anterior, Jesús Murillo Karam, Acnudh destaca tres nuevos elementos.
En primer lugar "la nueva información sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque a los estudiantes, la participación de agentes estatales y no estatales, las omisiones y falta de reacción de las autoridades y las irregularidades de la investigación inicial, corrobora y amplifica lo que previamente habían comenzado a delinear padres y madres, organizaciones acompañantes y expertos internacionales".
La representación de Acnudh subraya la importancia de que el Gobierno actual ratifique de manera oficial un informe público.
El segundo punto destaca la necesidad de que, en las nuevas judicializaciones, se aplique "una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas, observe el debido proceso y la independencia judicial e incorpore los más altos estándares internacionales de derechos humanos".
El propósito debe ser determinar judicialmente la responsabilidad penal de todos los actores, "incluyendo a los superiores, tanto civiles como militares".
Finalmente, en tercer orden, el organismo destaca que la información dada a conocer "debe llevar a adoptar medidas inmediatas de no repetición acordes con la gravedad del caso".
24 de agosto 2022, 17:22 GMT
Entre ellas menciona "como mínimo, una depuración inmediata del funcionariado que haya participado activa o pasivamente en los hechos de septiembre del 2014, y de aquel que haya contaminado u obstruido la realización de una investigación efectiva; y el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas".
El 26 de agosto, el subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y presidente de la Comisión de la Verdad dijo que la llamada Verdad Histórica presentada hace seis años se diseñó en los más altos niveles del Gobierno federal, en "reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas".
La fabricación de pruebas falsas, manipulación de la escena del crimen, y torturas a los imputados, permitieron la liberación de 77 acusados.
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