"La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la decisión dictada el día de hoy [22 de agosto] por un juez de la corte estatal de en Washington en la que autoriza a ConocoPhillips a ejecutar un laudo arbitral hasta por 8.7 billones de dólares en perjuicio del patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas", señala un comunicado emitido por el Gobierno.
De acuerdo con el texto, la decisión viola el derecho a la defensa de Venezuela, pues fue tomada en "complicidad con extremistas venezolanos, entre los que se encuentra Juan Guaidó y José Ignacio Hernández".
"Quienes usurpando funciones públicas actuaron en componenda para favorecer a ConocoPhillips. Con esta írrita e ilegal decisión se pretende consumar un paso a la intricada trama de corrupción que facilita la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras mediante fraudes procesales donde se le impide a los representantes ilegítimos de Venezuela la defensa integral y efectiva de los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela de PDVSA", destaca el texto.
De igual manera, la administración de Nicolás Maduro ratificó que continuará activamente con las acciones legales contra los "apátridas" que participaron en ese "fraude".
17 de agosto 2022, 17:23 GMT
En 2019, la ConocoPhillips pidió a una corte federal de EEUU recibir activos de la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en su país, como forma de pago tras la expropiación de dos de sus proyectos de producción petrolera.
Tras la expropiación de sus proyectos, la petrolera estadounidense exigió a PDVSA un total de 30.000 millones de dólares en compensación por su participación en los mejoradores de crudo pesado Hamaca y Petrozuata y un proyecto costero llamado Corocoro.
En agosto de 2018, ambas compañías firmaron un acuerdo en el que PDVSA aceptó pagar 500 millones de dólares en un periodo de 90 días y el resto de manera trimestral en un plazo de cuatro años y medio.
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