Las denuncias en la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) son por "uso ilícito de atribuciones y facultades, y las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada", dijo Salcedo a periodistas.
Las denuncias fueron presentadas por la Fiscalía, la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera, la cartera de la Función Pública federal por presuntos "delitos que pudieron haber ocasionado un daño patrimonial" a Segalmex y otras entidades estatales de distribución de alimentos.
Un funcionario público es procesado por invertir casi 50 millones de dólares en instrumentos financieros de alto riesgo mediante intermediarios, "lo cual se hizo sin respetar la normativa vigente".
El capital originado en fondos públicos ya fue recuperado y los intereses generados están en proceso de determinación para que sean reintegrados, explicó Salcedo.
Firmas de auditoría independientes coadyuvan en las tareas de fiscalización, en las que se observan "inconsistencias en el registro de operaciones y en los casos en los que no se aportó la información requerida por los auditores", agrega.
La misión de Segalmex, según sus estatutos, es promover la seguridad alimentaria y la nutrición, mediante programas de apoyo a pequeños productores, así como garantizar el acopio y distribución eficiente de alimentos básicos, para las comunidades más vulnerables.
En 2019 se creó esa instancia gubernamental para favorecer la producción de maíz, frijol, arroz, trigo, a precios de garantía para beneficiar a la población más necesitada.
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