"El Grupo de Puebla lamenta y rechaza la guerra jurídica [lawfare] que se está llevando a cabo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos", afirmó en un comunicado publicado en su página web.
El lawfare, o "judicialización de la política", consiste en el "uso indebido" del sistema judicial para fines de destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, según lo define el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
El Grupo de Puebla sostuvo que este caso muestra la "tendencia riesgosa pero lamentablemente común" a otros que sucedieron en América Latina contra expresidentes como Lula da Silva (Brasil, 2003-2010), Rafael Correa (Ecuador, 2007-2017), Evo Morales (Bolivia, 2006-2019) y Dilma Rousseff (Brasil, 2011-2016).
"Expresamos nuestro repudio a esta persecución y advertimos sobre los graves riesgos que entraña para la democracia argentina", agregó.
La declaración fue firmada por los expresidentes Rousseff, José Luis Rodríguez Zapatero (España, 2004-2011), Ernesto Samper (Colombia, 1994-1998), Correa y Fernando Lugo (2008-2012).
El 2 de agosto, el fiscal federal Diego Luciani aseguró en el juicio oral contra la vicepresidenta y exmandataria que las licitaciones que se realizaron durante su gestión (2007-2015) y la de su esposo Néstor Kirchner (2003-2007) en la provincia de Santa Cruz (sur) fueron un "montaje".
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