"La Superintendencia de Transporte encontró mérito para sancionar a las empresas por facilitar el incumplimiento de las normas. Algunos de sus usuarios conductores asumen la prestación del servicio de transporte público sin cumplir con los requisitos legales, entre otras cosas, utilizando vehículos particulares que no se encuentran debidamente habilitados para esta actividad", detalló la autoridad.
La investigación de la Superintendencia inició en 2019, cuando recibió múltiples denuncias de varios ciudadanos por la prestación ilegal de servicios a través de plataformas tecnológicas.
Posteriormente, la autoridad analizó la información recopilada y puso en firme la investigación administrativa e imputó cargos por facilitar la violación de las normas de transporte nacionales.
Además, les ordenó realizar los ajustes correspondientes para permitir, facilitar o intermediar servicios que sí obedezcan a figuras contractuales válidas distintas al contrato de transporte público, como lo puede ser el contrato de arrendamiento con conductor.
La Superintendencia recordó que el contrato de transporte se caracteriza por la obligación de conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y entregar estas al destinatario, a cambio de un precio.
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