"[La vicepresidenta] está en su derecho de presentar cualquier documento en su defensa y salvaguardar sus intereses, siempre y cuando ella considere que está siendo perjudicada", sostuvo el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, en rueda de prensa desde Lima (centro).
El vocero indicó que "ningún organismo [de Perú] puede estar encima de la CIDH", incluyendo el Congreso, por lo que el órgano legislativo deberá someterse a lo que decida el ente continental.
El 14 de junio, el parlamento aprobó denunciar a la vicepresidenta por una presunta falta a la Constitución a raíz de un informe dado por la Contraloría en mayo.
Ese informe señala que la vicepresidenta, quien también ejerce como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, habría faltado al artículo 126 de la carta magna.
Este artículo indica que "los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas".
La Contraloría General sostiene que Boluarte, estando en la vicepresidencia, firmó documentos como titular del Club Departamental Apurímac, una institución privada sin fines de lucro, lo que constituye una violación a la carta magna.
Según trascendió, la vicepresidenta presentó una denuncia ante la CIDH para suspender la acusación aduciendo vicios procesales y una intención deliberada del parlamento por destituirla.
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