"Actualmente se está llevando a cabo un análisis detallado de la información sobre cómo se respetarán los derechos de las empresas japonesas en el marco de este decreto, así como qué impacto tendrá este en los suministros de gas natural licuado a Japón. En este contexto, hemos solicitado a Rusia a través de canales diplomáticos que nos proporcione aclaraciones en cuanto a los plazos y otros detalles", dijo Hayashi.
Putin ordenó el 30 de junio cambiar al operador de la concesión Sakhalin-2, proyecto de explotación de hidrocarburos en el mar de Ojotsk.
Según el decreto, los derechos y obligaciones del operador actual, Sakhalin Energy, se traspasen a una nueva persona jurídica, constituida en Rusia en forma de compañía de responsabilidad limitada.
Los activos de Sakhalin Energy pasarán a ser propiedad de Rusia con transferencia simultánea para uso gratuito al nuevo operador.
El documento alega que ciertas entidades y particulares extranjeros implicados en el proyecto cometieron violaciones del acuerdo de producción compartida de 1994, lo que conlleva el riesgo de emergencias tecnológicas y naturales.
El pasado año, Japón pagó unos 35.860 millones de dólares por la importación del gas natural licuado, incluyendo unos 2.500 millones de dólares por el combustible del proyecto Sakhalin-2, según el diario Nikkei.
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