"En este momento hay un intento de inhabilitación exprés por parte de algunos grupos de derecha reunidos en la Subcomisión [de Acusaciones Constitucionales] que han priorizado este tema [de Boluarte]", dijo Alberto Otárola, abogado de la vicepresidenta, a la radio local RPP.
Otárola señaló que la Subcomisión no ha atendido otros casos de mayor relevancia política, prefiriendo priorizar el caso de la vicepresidenta por intereses políticos.
Este 14 de junio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un informe que recomienda declarar procedente la denuncia contra Boluarte por una presunta infracción a la Constitución.
El 23 de mayo, la Contraloría General señaló que la vicepresidenta, quien también ejerce como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, habría faltado al artículo 126 de la carta magna.
Dicho artículo indica que "los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas"
La Contraloría General ha sostenido que Boluarte, estando en la vicepresidencia, firmó documentos como titular del Club Departamental Apurímac, una institución privada sin fines de lucro, lo que constituye una violación a la carta magna.
Lo sucedido este 14 de junio en la Subcomisión es el primer paso para que, eventualmente, el pleno del Congreso pueda votar a favor de inhabilitar de la función pública a Boluarte.
Esta posible inhabilitación haría que la vicepresidenta sea destituida del cargo.
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