La Justicia Federal de Acre ordenó al IBGE "con la metodología que considere adecuada, incluir campos sobre "orientación sexual" e "identidad de género" en el censo de 2022", dijo la Fiscalía en un comunicado.
La decisión responde a una petición del Ministerio Público, que en febrero consideró que la limitación en la identificación de la población LGTBIQIA+ "configura un obstáculo real para la formulación de políticas públicas centradas en sus necesidades".
"La omisión del Estado brasileño (…) es relevante y tiene que corregirse; mientras que la persecución, la muerte, el holocausto y otras discriminaciones criminales fueron y son practicadas por acción también existe violación de derechos por omisión estatal", dice la Justicia Federal en un fragmento de su decisión.
A partir de ahora, el IBGE tiene un plazo de 30 días para informar de las medidas tomadas para cumplir la decisión judicial.
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