"Nosotros (...) documentamos ocho posibles casos de desaparición forzada de personas que se creía que eran prorrusas en el territorio controlado por el Gobierno (de Ucrania)", declaró Bachelet en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.
El 24 de febrero pasado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.
Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.
Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.
Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.
Del 24 de febrero al 4 de mayo, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 3.280 civiles y dejaron heridos a otros 3.451, pero el balance real es mucho más alto, indican los datos de la ONU.
La mayoría de estas víctimas, entre las que hay 231 niños muertos y 329 heridos, son resultado de ataques aéreos y de artillería.
Más de 5,7 millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos, a lo que se suman unos 7,7 millones de desplazados dentro de Ucrania, según la ONU.
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