Cita, en particular, al jefe del FSB, Alexandr Bórtnikov; al director de Inteligencia Exterior, Serguéi Narishkin; al vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev; al titular del Interior, Vladímir Kolokóltsev; a la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvienko; al representante del presidente de Rusia en el Distrito Federal Central, Ígor Schógolev; al presidente de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento), Viacheslav Volodin; al comandante de la Guardia Nacional de Rusia, Víktor Zólotov, y al ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú.
Según esos documentos, todos estos representantes de las autoridades de Rusia deben llegar el 16, el 17 y el 18 de mayo a Kiev, para ser interrogados por el fiscal Alexandr Kleschenko.
La fiscal general de Ucrania, Irina Venedíctova, anunció el 1 de marzo haber enviado al tribunal las solicitudes de arresto de Volodin, Medvédev, Schógolev, Kolokóltsev y Shoigú, y más tarde informó que en Ucrania se abrieron expedientes penales contra 65 altos funcionarios y jefes militares de Rusia.
El Comité de Investigación de Rusia informó en su canal de Telegram que está averiguando qué funcionarios de organismos judiciales de Ucrania tuvieron que ver con el envío de esos avisos a las altas personalidades rusas.
"El Comité de Investigación prosigue el estudio de los expedientes penales abiertos con motivo de la imputación improcedente de ciudadanos de Rusia por unos funcionarios de organismos judiciales de Ucrania. El Comité abrió 14 de tales expedientes hasta el momento", comunicó.
Según este ente, las decisiones de incoar casos penales contra diputados, senadores, profesores, periodistas y otros ciudadanos de Rusia se tomaron en Ucrania por motivos inventados.
El presidente del Comité de Investigación, Alexandr Bastrikin, encargó a los jueces de instrucción identificar a los que promovieron la iniciativa en cuestión.
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