"Superamos los 17 mil terroristas capturados, la guerra contra las pandillas sigue. No daremos tregua a la criminalidad, este Gobierno sí defiende a los salvadoreños honrados", tuiteó el Ministerio de Seguridad.
La Asamblea Legislativa (Parlamento), controlada por el oficialista partido Nuevas Ideas, aprobó el 24 de abril, el pedido del presidente de la República, Nayib Bukele, de ampliar por otro mes la restricción de determinadas garantías constitucionales.
La medida entró en vigor el pasado 26 de marzo, tras un fin de semana sangriento, con 87 homicidios perpetrados por pandillas locales, la mayoría contra víctimas elegidas al azar, en una suerte de mensaje que la administración Bukele respondió con fuerza.
La llamada "guerra contra las pandillas" incluye un estado de emergencia en las prisiones del país, y reformas al código penal que endurece las penas de cárcel contra los "mareros" (pandilleros) y sus cabecillas.
Entre las garantías suspendidas con el estado de excepción destacan los derechos a la asociación y reunión, la defensa en caso de arresto y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 a 15 días.
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