El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emprendería un ejercicio de divulgación de los nombres y rostros de los diputados que impidieron que la reforma eléctrica alcanzara la mayoría calificada necesaria para introducir cambios a la constitución mexicana, y acusó que sus votos traicionan a la patria al priorizar el interés de empresas energéticas privadas y extranjeras.
En un primer momento, el Partido Acción Nacional (PAN) responsabilizó al presidente y a Morena por represalias que pudieran sufrir los diputados blanquiazules tras su decisión legislativa y este jueves 21 de abril presentó una denuncia ante la ONU, coordinada con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
A través de sus conferencias matutinas, López Obrador fomenta el discurso de odio, el desprestigio y la confrontación entre ciudadanos mexicanos, argumentaron los denunciantes en una misiva dirigida a la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
19 de abril 2022, 22:24 GMT
"Lo que estamos viviendo las y los diputados de oposición en este país nos preocupa y ocupa", expresó la diputada federal suplente Mariana Gómez del Campo, surgida del PAN.
"Estamos acudiendo a instancias nacionales e internacionales para denunciar este discurso de odio, este discurso de violencia, de incitación a la violencia", aseveró la legisladora blanquiazul en diálogo con medios de comunicación.
En México, políticos afines a la ruta de Morena atentan contra la integridad de legisladores de oposición y sus equipos, sostuvo Gómez del Campo y llamó a Bachelet a pronunciarse de manera urgente a favor de un cese a la violencia.
Juntos, PAN, PRI y PRD conforman la alianza Va por México, con la que han construido candidaturas de unidad para las elecciones estatales de este 2022, a celebrarse en junio, y con la que impidieron que la Cámara de Diputados alcanzara la mayoría calificada necesaria para aprobar la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador, que reservaría el 54% de la producción eléctrica al Estado mexicano.