La extensión del requisito de registro a proveedores de redes sociales, según Duterte, "no formaba parte de la versión original" de la llamada Ley de Registro de Tarjetas SIM y "necesita un estudio más profundo".
El mandatario "se vio obligado a expresar desacuerdo" con la normativa alegando que podría "dar lugar a una situación peligrosa de intrusión y vigilancia por parte del Estado y amenazar muchos derechos protegidos por la Constitución", dijo Andanar.
"Corresponde a la Presidencia de la República asegurarse de que cualquier estatuto sea consistente con las exigencias de la Constitución, particularmente las que garantizan la privacidad individual y la libertad de expresión", agregó el portavoz.
La polémica ley, ratificada por el Congreso de Filipinas en febrero de 2022, obliga a las empresas públicas de telecomunicaciones a exigir el registro de tarjetas SIM como requisito previo para su venta y activación.
La normativa, concebida en un principio para combatir el fraude y otros delitos con el uso de las telecomunicaciones, estableció como obligación adicional que las redes sociales obtengan los nombres y números de teléfono reales al dar de alta las cuentas de usuarios.
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