"El miércoles 16 de marzo de 2022, la CIJ, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, emitirá su decisión sobre la solicitud de medidas provisionales presentada por Ucrania en el caso relativo a las alegaciones de genocidio en virtud de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio [Ucrania contra Federación de Rusia]", dice el comunicado.
El 9 de marzo pasado, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, declaró que la delegación de Rusia se había negado a participar en las audiencias de la CIJ, al calificar de absurdo la demanda de Ucrania con acusaciones en su contra.
El objetivo de las audiencias, celebradas el 7 y el 8 de marzo, según la CIJ, fue una solicitud presentada por Kiev para determinar las medidas cautelares para que Moscú detuviera su operación militar.
La delegación rusa no asistió a las audiencias, de lo cual notificó por anticipado.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.
Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.
El Ministerio de Defensa ruso afirma que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.
Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general.
Del 24 de febrero al 14 de marzo, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de 636 civiles y dejaron heridos a otros 1.125 , según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Más de 2,5 millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos hasta la fecha.
Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.
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