El documento detalló los envíos de armas conocidos a Birmania desde 2018, así como después del golpe militar ocurrido en febrero de 2021. Según las estimaciones del relator, el armamento podría haber sido utilizado por militares birmanos para atacar a la población civil.
Andrews mencionó entre los proveedores de armas, vehículos blindados, aviones, así como de piezas de repuesto, a Rusia y China, que se habían abstenido de votar sobre la resolución que pedía un embargo de armas a Birmania, así como a Ucrania, uno de los autores de esa iniciativa que votó a favor de realizarla.
En particular, el informe indicó que, desde 2018, las estructuras estatales de Ucrania proporcionaron un apoyo significativo a Birmania para desarrollar su capacidad de fabricar tanques y vehículos blindados con armas pesadas, organizando la producción en ese país, que comenzó en 2020. Además, la compañía estatal ucraniana Ukroboronexport continuó suministrando partes de vehículos blindados, aviones y radares a Birmania después del golpe y del embargo.
China y Rusia no se sumaron al embargo impuesto desde el pasado 18 de junio. Según el documento, ambos países habrían celebrado contratos militares con las autoridades de facto de Birmania después del golpe.
Pakistán, agrega el informe, proporcionó apoyo militar antes del golpe, mientras que la India suministró armas después del derrocamiento del Gobierno y del embargo, sobre el cual se abstuvo.
Serbia, a su vez, suministró misiles y proyectiles de artillería, incluso, según el relator especial, después del golpe.
Bielorrusia, el único país mencionado en el informe que votó en contra del embargo de armas contra Birmania, suministró en 2018 helicópteros de ataque modelo Mi.
Corea del Sur e Israel votaron a favor del embargo de armas contra Birmania, pero, según Andrews, entre 2018 y 2020 entregaron buques de guerra al país, que más tarde se utilizaron en ataques contra civiles.
En este sentido, Andrews pidió a los exportadores de armas que suspendan inmediatamente la venta de las mismas, y que convoquen una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para discutir y votar sobre una resolución de embargo de armas integral y sanciones económicas específicas contra el Ejército birmano.
El 1 de febrero de 2021, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, decretaron el estado de emergencia y detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la gobernante de facto, Aung San Suu Kyi.
La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas desafiando la represión y protagonizando protestas callejeras y acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del Gobierno civil y la liberación de los presos políticos.