"El Gobierno nacional acoge como vinculante y de cumplimiento obligatorio la decisión del fiscal de la CPI, Karim A. A. Khan QC, quien determinó que "no existe fundamento suficiente" para procesar en ese tribunal al expresidente constitucional de Bolivia, Evo Morales", dice un comunicado del Ministerio de Justicia.
El fiscal Khan rechazó, con esa determinación, una denuncia presentada en 2020 por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), que apuntaba a Morales como supuesto responsable de una huelga y bloqueos de carreteras que habrían causado muertes por la interrupción de suministro de oxígeno a hospitales.
Morales estaba exiliado en Argentina en agosto de 2020, cuando se produjo esa protesta, declarada por la Central Obrera Bolivia y otras organizaciones en rechazo a la postergación de elecciones generales que para entonces ya habían sido aplazadas dos veces.
15 de febrero 2022, 12:16 GMT
El Ministerio de Justicia señala que Bolivia ha suscrito en 1998 y ratificado por ley en 2002 el Estatuto de Roma que rige a la corte internacional y "por tanto, asumió el compromiso de cumplir y acatar las determinaciones, fallos y decisiones de la CPI".
El comunicado añade que esa posición está "en coherencia con su pleno respeto a la independencia judicial" de tribunales nacionales e internacionales.