"El referéndum se articula en tres preguntas y la primera prevé que será excluido de las actividades penales el cultivo de sustancias estupefacientes, que ni siquiera incluyen el cannabis, sino la amapola, la coca y las así llamadas drogas duras. Ya esto de por sí sería suficiente para violar obligaciones internacionales", explicó Amato.
En septiembre de 2021 los activistas de la legalización del cultivo del cannabis entregaron a la Corte Constitucional más de 600.000 firmas recogidas para organizar un referéndum.
En particular, proponían abolir las normas legales que penalizan el cultivo con la reclusión de 2 a 6 años y multas entre 26.000 y 260.000 euros.
En respuesta a la sentencia de la Corte Constitucional, uno de los promotores del referéndum, Marco Cappato, acusó a Amato de hacer declaraciones falsas, ya que en la solicitud del referéndum se trataba exactamente del cannabis.
A su vez, el diputado Riccardo Magi, uno de líderes de la campaña por la legalización, notó que "en este país es imposible promover los referéndums".
El martes la Corte Constitucional se negó a dar su aval al referéndum sobre la legalización de la eutanasia.