"La injusticia padecida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sus familias fue intolerable desde la sensibilidad democrática y de respeto a la diversidad social", fue la rotunda afirmación de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Ejecutivo vasco, Beatriz Artolazabal.
Se trata de la primera vez que se vuelve la mirada sobre esas situaciones desde las instituciones vascas mediante un informe del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, de la Universidad de Deusto.
Anteriormente, el Gobierno vasco difundió ya dossieres análogos sobre concejales amenazados, agentes de la Ertzaintza —Policía vasca— y empresarios extorsionados por los terroristas, que estuvieron operativos en el País Vasco y en el resto España durante más de cuatro décadas.
Los autores del informe concluyen que el amedrantamiento no se dio solo sobre los agentes en el ámbito profesional, sino en "todos los ámbitos de vida privada y familiar, contribuyendo, mediante la intimidación colectiva, a que quienes integraban el cuerpo, así como por extensión sus familias, quedasen expuestos a una situación de aislamiento social", según señalan en su texto.
Por esta razón invitan "a la sociedad vasca a reflexionar en torno a la construcción de una memoria reparadora y empática hacia el sufrimiento padecido por las víctimas inocentes", que calcularon concretamente en 207 guardias civiles o exguardias civiles y 150 policías nacionales.