Decir que el Poder Judicial está en crisis o tiene poca legitimidad es ya casi un lugar común en Argentina. Basta navegar por internet para encontrar numerosos artículos que abordan lo que aparece como uno de los problemas institucionales mayores de Argentina. Así, al menos, lo sostiene la mayoría de integrantes del actual espacio de Gobierno del Frente de Todos, intelectuales, exjueces, abogados, entre muchas voces.
El propio presidente, Alberto Fernández, volvió a mencionarlo a comienzo de enero: "El sistema de justicia funciona mal o muy mal". En marzo del 2021, al abrir las sesiones del Congreso, había afirmado: "El Poder Judicial de la Nación está en crisis, es el único poder que parece vivir en los márgenes del sistema republicano, sus miembros, jueces, fiscales, defensores, y demás funcionarios disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad".
El tema volvió tomó particular fuerza a partir de la aparición de videos y revelaciones que mostraron cómo durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, se planificó la construcción de causas judiciales para perseguir políticos opositores, sindicalistas, sociales, e incluso jueces. Para muchos, aunque el Gobierno anterior y los inculpados lo nieguen, no hay dudas: se trató de una "persecución".
Así lo afirma, por ejemplo, Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, en conversación con Sputnik, al analizar la actual situación de un Poder Judicial fuertemente cuestionado, razón por la cual se ha convocado a movilizar ante la Corte Suprema de Justicia el 1 de febrero.
"Una parte importante de la sociedad está impulsando una marcha para protestar ante la Corte Suprema porque hay una indignación general, que yo como abogada comparto porque lo padezco en primera persona", sostiene.
La Corte Suprema en la mira
"El rol de la Corte está muy desprestigiado, primero porque dos de sus integrantes aceptaron ser designados de modo irregular —por decreto de Macri en el 2015—, aunque luego cumplieron el proceso de designaciones, la Argentina tiene un modo arreglado constitucionalmente para la designación de jueces de la Corte, y ellos aceptaron una excepción, eso ya es un mal punto de partida", explica Peñafort.
Esos dos integrantes, designados por el expresidente Macri y refrendados por el Senado seis meses después, son Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes, a partir de septiembre del 2021 asumieron la presidencia y vicepresidencia de la Corte respectivamente, en una votación cuestionada interna y públicamente. Semanas después de esa elección renunció la jueza Elena Highton de Nolasco, por lo cual el máximo tribunal quedó reducido únicamente a cuatro miembros.
"Tienen una situación de enemistad puertas adentro del Tribunal y esa situación se proyecta a los fallos de la Corte, que son malos fallos, con pocos fundamentos y que hacen cosas que la Corte no puede hacer", afirma Peñafort.
Uno de los hechos recientes más cuestionados ocurrió en diciembre pasado, cuando la Corte declaró inconstitucional la ley del Congreso del año 2006 que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura —órgano encargado de evaluar el desempeño de los magistrados del país— de 20 a 13. "Asumió competencias parlamentarias que no tiene en modo alguno", sostiene la abogada. ¿La razón para dicha acción? "Están intentando volver a tener un miembro de la Corte en el Consejo y por eso mismo derogan la anterior que no los incluye, y pretenden restablecer una ley derogada".
Al respecto, el presidente, Alberto Fernández, declaró recientemente: "Un alumno de primer año sabe que una ley que ha sido derogada no puede nunca recuperar su utilidad por una sentencia. Necesita otra ley que la vuelva a poner en vigencia. Aquí la Corte hizo eso, dijo, 'declaro inconstitucional esta ley y por lo tanto dejo vigente la que el mismo Congreso derogó'. Esto es, en términos jurídicos, voy a utilizar la palabra asombroso para ser generoso".
La mesa judicial
El cuestionamiento a la Corte es solo una parte de los señalamientos hacia un Poder Judicial acusado de haber sido participe de la persecución política durante el mandato de Macri. Es lo que en Argentina se conoce como la "mesa judicial", un "espacio de persecución", afirma Peñafort, desde el cual se planificaban y ejecutaban causas, presiones y detenciones contra opositores al entonces Gobierno de Macri.
"La mesa judicial comenzó como una denuncia que hizo una jueza de casación denunciando las presiones para que dictara sentencias en determinado sentido que le había dicho el macrismo. A esa primera denuncia se le sumaron innumerable cantidad de denuncias de distintos jueces e incluso funcionarios judiciales que habían recibido las mismas presiones, que daban cuenta de un modus operandi que tenía el Gobierno de Macri, respecto a presionar jueces para obtener la sentencia que así quería", dice.
Peñafort explica que también tuvieron lugar "designaciones de jueces sin tener habilitada la forma de designación", en lo que conformó "todo un marco de irregularidades que permitió configurar un poder judicial servil al anterior Gobierno, y que no garantizara en ningún aspecto justicia para el resto de la población".
1 de diciembre 2021, 21:44 GMT
Esa mesa judicial estaba integrada por funcionarios del entonces Gobierno, empresarios, y "se nutría de tareas de inteligencia ilegal". Los defensores de la administración Macri sostuvieron ante las acusaciones que las actividades de espionaje ilegal fueron por cuenta propia de quienes las realizaron, y no por órdenes superiores, una argumentación para intentar librar de responsabilidad a Macri, procesado por espionaje ilegal, o a Vidal, imputada recientemente por sus posibles relaciones con la mesa de armado de causas.
"Respecto a que el espionaje es cuentapropismo es muy difícil creerlo porque se animaban a espiar a los miembros de ese Gobierno, se animaban a espiar a la familia del presidente, como cuentapropistas eran realmente muy osados, pero paradójicamente además vemos que ninguno de los miembros del Gobierno denuncia ese cuentapropismo, no accionan, prefieren no hablar del tema".
El disciplinamiento interno
Existen jueces y fiscales que fueron parte de las persecuciones, en particular pertenecientes a la Cámara Federal de Casación Penal Comodoro Py, situada en la ciudad de Buenos Aires. "Fue el eje donde giraban no solo el armado de causas, sino además los espías, tanto es así que muchos de los jueces de Comodoro Py y los fiscales cuando se investigan las causas de espionaje aparecen mencionados en los celulares, en los mensajes, fue una parte importante del armado judicial de persecución, y están involucrados", explica Peñafort.
Otros, sin embargo, fueron presionados o inclusive destituidos. Es el caso de Luis Arias, exjuez en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata: "Me inventaron 21 cargos, todas son decisiones favorables a sectores vulnerables, lo cual provocó el rechazo de los organismos de derechos humanos que hicieron una presentación incluso en instancias internacionales", cuenta a Sputnik. A esas "21 decisiones jurisdiccionales" se sumó "el armado de una causa penal que, por supuesto, fracasó después, la armaron al efecto específicamente como una forma de persecución que tenían con el armado de causas".
Su destitución en agosto del 2018, explica, puede ser leída como un "mensaje" que fue dado para "disciplinar" al interior del Poder Judicial: "En el caso de la provincia de Buenos Aires el juzgado a mi cargo representaba toda una corriente jurisprudencial favorable a los derechos de las personas. Con mi destitución mostraron un camino para el resto de los magistrados".
¿En qué molestaba Arias? "A mí me destituyen por haber interferido en el tema tarifario", explica, por haber denunciado el negocio irregular de aumento de tarifas de los servicios durante el mandato de Macri: "Cuando el Gobierno avanza con el tarifazo, más de 50 jueces en el país determinamos la ilegalidad, la inconstitucionalidad de esos aumentos, pero luego de la persecución a jueces y juezas que decidimos de esa manera, al final del Gobierno de Macri no había si quiera un solo juez en el país que estuviera suspendiendo o anulando estos aumentos".
Entre quienes actuaron para destituirlo estuvo el entonces y actual procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, quien, sostiene Arias, "fue un operador político del macrismo dentro del poder judicial".
Conte-Grand fue fotografiado almorzando con Macri en el mes de diciembre pasado, y un comisario, Hernán Cassasa, declaró ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia en días recientes que Conte-Grand era parte de la mesa judicial durante el macrismo.
Reforma y movilización
"Uno de los principales problemas del Poder Judicial es que la sociedad no tiene participación alguna, no solo en la designación o en la remoción de los magistrados, sino en la gestión judicial, en la administración de justicia. Esto provoca que siempre el Poder Judicial queda a merced de los poderes fácticos y constituidos, los grandes medios de comunicación, el poder económico, y el poder político, sin vínculo con la sociedad", afirma Arias.
La necesidad de reformarlo es parte de una agenda cada vez más fuerte, resistida por quienes son cuestionados: determinados jueces, fiscales, la mayor parte de la oposición al actual Gobierno y grandes medios de comunicación que cumplieron un rol importante en la persecución denunciada desde el Frente de Todos.
"Las dos reformas importantes que impulsó el actual Gobierno, que son la modificación del régimen de selección del procurador general, es decir el jefe de los fiscales, y la reforma de la justicia federal penal, están detenidas en la Cámara de diputados porque los diputados opositores se niegan a dar el cuórum para que se trate. Me parecen importantes las reformas en los dos sentidos porque son instituciones que su falta de actualización impide su correcto funcionamiento", explica Peñafort.
Ante la situación del Poder Judicial, la falta de avances en sus reformas, fue convocada la marcha para el próximo 1 de febrero ante la Corte. "La conciencia social, popular en las movilizaciones es muy importante, es en definitiva lo que se puede oponer a los grandes factores de poder que manejan, que dominan el escenario judicial, creo que ese es el camino, hay que apoyar ese tipo de acción", sostiene Arias:
"Además impulsar las reformas necesarias, más allá de las consecuencias, sin especular tanto con las relaciones de fuerzas, porque en el trajinar de los proyectos, hay que abrir el debate colectivo a las diferentes propuestas, la recepción de propuestas, creo que hay que generar un gran debate en la sociedad más allá de los resultados que puedan obtenerse en la cámara de Diputados o de Senadores", agrega.
Lo que se necesita, explica Peñafort, es "un Poder Judicial que garantice el Estado de derecho".
16 de diciembre 2021, 16:12 GMT
"En una sociedad, para no tener soluciones violentas a los conflictos, todos confiamos en un árbitro que llamamos Poder Judicial, cuando ese árbitro deja de ser confiable simplemente lo que sucede es que perdemos la posibilidad de solucionar pacíficamente los conflictos, y entonces la sociedad deja de ser una sociedad pacífica. Ese es fundamentalmente el mayor aporte a un Estado, y que no lo esté cumpliendo es una verdadera situación de gravedad institucional", concluye.