El presidente de Guatemala enfrenta acusaciones de asociación ilícita, defraudación aduanera, enriquecimiento ilícito y cohecho. Entre las personas citadas a declarar estaban su exvicepresidenta Roxana Baldetti y otros políticos, particulares y exfuncionarios vinculados a su gabinete.
En la primera audiencia del lunes 17, Pérez Molina declaró que espera demostrar su inocencia al considerar que no existen pruebas en su contra.
El proceso inicia siete años después que Pérez Molina renunciara por un escándalo que involucró la defraudación de varios millones de dólares y salió a la luz en 2015. Esta causa fue denunciada en su momento por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
"El comienzo de este juicio llamado 'La Línea' define la historia del país en el marco de la lucha contra la corrupción. De esta red participaban altos funcionarios estatales que aprovechaban grandes cantidades de dinero", dijo a En Órbita Edie Cux, abogado y vocero de Acción Ciudadana, organización social guatemalteca contra la corrupción y por la transparencia.
Tanto el general retirado Pérez Molina, como su exvicepresidenta, podrían enfrentar una pena de entre 20 y 25 años de prisión, por la suma de los delitos.
"A partir de este caso, la Cicig [órgano de la ONU desmantelado en 2019 por el Gobierno de Jimmy Morales] develó muchas más investigaciones relacionadas como pago de sobornos, de contratos para participación de empresas extranjeras en los puertos, y más casos vinculados a funcionarios de la Justicia", recordó Cux.
En relación con la solicitud del resguardo de la integridad a raíz de la pandemia por parte de los imputados —Baldetti dijo previo a la primera audiencia que tenía síntomas de COVID-19—, para el vocero de Acción Ciudadana esto puede ser un intento de retrasar el juicio.
"Es uno de los casos más paradigmáticos del país. (...) Que se juzgue este caso es trascendental", declaró Cux. Para el entrevistado, hoy en Guatemala la lucha contra la corrupción es "mucho más crítica, han habido retrocesos" luego de la desaparición de la Cicig, encargada de investigar a exmandatarios como Pérez Molina y Morales (2016-2020).
Previo a su desintegración en 2019, el informe final de la Cicig afirmó que Guatemala es un Estado plagado por la corrupción.
En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— una entrevista de Sputnik con la nueva presidenta de la Convención Constituyente de Chile, María Elisa Quinteros. Y además un diálogo con Morena Herrera, presidenta de la Agrupación por la Despenalización del Aborto de El Salvador, sobre el caso de Kenia, una mujer que estuvo nueve años presa acusada de abortar, a quien la Justicia le otorgó la libertad condicional.
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