La cláusula 9 del proyecto allana el camino para que el Gobierno despoje a las personas de la ciudadanía británica sin previo aviso por motivos prácticos, por ejemplo, si las autoridades no tienen los datos de contacto de una persona, en el interés de la seguridad nacional o "de interés público".
Los grupos de derechos humanos afirman que la ley se dirige a las minorías étnicas británicas y las hace sentir inseguras y no deseadas.