"Reitero nuestro rechazo a la imposición de medidas coercitivas unilaterales a países en desarrollo, urgiendo a su inmediata eliminación, ya que estas representan uno de los principales obstáculos para lograr nuestro objetivo más urgente: la erradicación de la pobreza, y en general todos los objetivos y metas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030", informó el Gobierno a través de un comunicado.
Estados Unidos, la Unión Europa y Canadá han impuesto sanciones a funcionarios del Gobierno de Nicaragua y a familiares del presidente Daniel Ortega desde 2018, a raíz del golpe fallido denunciado por el país centroamericano que revirtió las protestas violentas que provocaron la muerte de cerca de 300 personas entre policías, opositores y militantes del partido de Gobierno.
Los Gobiernos de Occidente señalan a la administración Ortega de violación de los derechos humanos, represiones contra la sociedad civil y destrucción de la democracia, argumentos rechazados por Nicaragua que acusa a Estados Unidos y la Unión Europea de financiar el golpe fallido a través de una red de agentes extranjeros integrada por empresarios, dueños de organismos no gubernamentales y dirigentes opositores, encarcelados desde junio de 2022.
Washington y Bruselas impusieron nuevas sanciones contra altos funcionarios y militares el pasado 10 de enero, día de la juramentación del presidente Ortega (reelecto con el 76% de los votos el pasado 7 de noviembre), quien calificó de brutales las sanciones impuestas a Nicaragua, Cuba y Venezuela.