"Este miércoles 12 de enero de 2022, el contralor General del Estado (subrogante), Carlos Riofrío, dispuso el inicio de acciones de control a las declaraciones juramentadas de los jueces de la Función Judicial", dijo la Contraloría en un comunicado.
El objetivo es revisar si existe una coherencia entre las declaraciones juramentadas de los jueces con su patrimonio.
Según el comunicado, una evaluación preliminar permitirá a la Contraloría establecer el número de jueces y servidores judiciales que serán investigados, así como los periodos y alcances que tendrán las auditorías a las declaraciones patrimoniales.
Entre otras acciones, el organismo de control impulsará una reunión de intercambio de información con la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, relacionada con el anuncio de revocación de visas a jueces y abogados emitido el lunes por esa representación.
La Contraloría también informó que al momento examina las declaraciones patrimoniales de 25 generales de la Policía Nacional.
11 de enero 2022, 20:40 GMT
El pasado 13 de diciembre, el embajador de EE.UU. en Quito, Michael Fitzpatrick, habló sobre la posible presencia de narco generales en las filas policiales, entrevistado por el portal digital Primicias.
La Constitución ecuatoriana faculta a la Contraloría a examinar y confrontar las declaraciones patrimoniales e investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito, dijo la institución.
Por último, ratificó que cuando existan graves indicios de testaferrismo, solicitará declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública.
A la vez, el Consejo de la Judicatura requirió a todos los jueces que informen de manera oficial si sus visas a Estados Unidos han sido revocadas.