"Estamos analizando la situación en Kazajistán, que sigue siendo poco clara (…) pero al menos estamos siendo testigos de una reducción de la tensión", dijo la funcionaria.
Por su parte, la portavoz adjunta del gabinete, Christiana Hoffmann, instó a todos los involucrados a que detengan completamente la violencia y "actúen con moderación".
Subrayó que el Gobierno alemán considera que la orden del presidente kazajo de abrir fuego mientras reprime los disturbios constituye una violación de "las obligaciones legales de Kazajistán de respetar y proteger a sus ciudadanos", por lo que Berlín pide derogarla.
La situación en Kazajistán se desestabilizó el 2 de enero, con el estallido de protestas por el alza de los precios del gas licuado de petróleo en el suroeste del país.
A pesar de que una comisión gubernamental determinó después bajar los precios del combustible, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas del país, en particular a Almaty, derivando en violentos disturbios que se han saldado con al menos 164 muertos y más de 1.000 heridos.
Entre los agentes del orden, según el Ministerio del Interior kazajo, las bajas ascienden a 16 muertos y más de 1.300 heridos.
Alrededor de 8.000 personas han sido detenidas hasta la fecha a raíz de los disturbios.
El 5 de enero, el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokaev, aceptó la dimisión del Gobierno en pleno y asumió la jefatura del Consejo de Seguridad Nacional, encabezado hasta entonces por el expresidente Nursultán Nazarbáev.
Además, solicitó a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) enviar fuerzas de paz para hacer frente a la "amenaza terrorista" y a los intentos de socavar la integridad del Estado kazajo.
La organización, que aglutina a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, respondió de inmediato a la solicitud y el primer contingente llegó el 6 de enero.
Las autoridades kazajas decretaron el estado de emergencia hasta el 19 de enero y el toque de queda que rige de las 11 de la noche hasta las 7 de mañana.
El 7 de enero, el presidente Tokaev dio a los cuerpos de seguridad la orden de disparar a matar contra los radicales violentos que se resisten a deponer las armas. Al mismo tiempo, el mandatario kazajo prometió presentar un plan de reformas en respuesta a las reivindicaciones de manifestantes pacíficos.