Economía

Gobierno de AMLO lanza nueva estrategia para fortalecer a Pemex

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó este 6 de diciembre que hará una aportación patrimonial hasta 3.500 millones dólares para ayudar a Petróleos Mexicanos (Pemex).
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La empresa energética paraestatal del país latinoamericano se enfrenta desde hace años a problemas de sobrecarga fiscal y endeudamiento, dos obstáculos que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a resolver desde que comenzó al sexenio.
¿Pero qué logrará Pemex con esta solución ofrecida por Hacienda?

1) Reducir sus niveles de deuda

El Gobierno mexicano prevé lograrlo a través de aportaciones patrimoniales y utilizando excedentes de liquidez.
Actualmente, Pemex tiene una deuda a corto y mediano plazo de aproximadamente 36.000 millones de dólares, con vencimiento a 2024, de acuerdo con los informes financieros reportados por la empresa y publicados en la prensa mexicana.
Joel Tonatiuh, economista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explica en entrevista con Sputnik que este movimiento del Gobierno federal sí ayudará a Pemex a reducir su deuda sólo en el corto y mediano plazo.
"En este momento sólo está pagando una deuda [de Pemex] que se vencerá en el corto y mediano plazo. Básicamente, lo que la Federación está haciendo es transferirle recursos a la petrolera para fortalecer su posición financiera", asegura el experto del CIDE.
"En esta operación, Pemex brinda a los tenedores de bonos en dólares la opción de intercambiar bonos con vencimiento entre 2024 y 2030 por una combinación de un nuevo bono a 10 años y efectivo, y ofrece recomprar bonos con vencimiento entre 2044 y 2060. En línea con lo anterior, el Gobierno Federal estaría llevando a cabo una aportación patrimonial hasta por 3.500 millones de dólares", precisó la SHCP en un comunicado.
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2) Aliviar su peso fiscal

Las autoridades hacendarias de México anunciaron que la reducción de carga fiscal para Pemex consiste, particularmente, en bajar el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) de 52% a 40%.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que uno de los grandes problemas estructurales que han deteriorado la situación financiera de la paraestatal y sus capacidades de producción es "una alta carga fiscal muy superior a la de cualquier empresa petrolera en el mundo".

"Pemex paga tres tipos de derechos derivados de sus actividades de exploración y producción. El que más carga fiscal le significa es el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), el cual representa hasta el 88% de toda su carga fiscal. Este derecho grava una tasa dado el valor de todos los hidrocarburos. Mientras más alta sea esta tasa, mayor es la carga fiscal. [Lo que acaba de anunciar Hacienda] es una reducción importante de la carga fiscal de la petrolera", explica a Sputnik Joel Tonatiuh, economista del CIDE.

Los otros dos impuestos que paga Pemex son el Derecho por la Exploración de Hidrocarburos y el Derecho por la Extracción de Hidrocarburos, señala el especialista en temas de transición energética.
Sin embargo, para una solución a largo plazo que transforme a Pemex en una empresa rentable (es decir, que sus ingresos sean mayores a sus gastos), "se necesita una revisión de todo su modelo de negocios", porque hay áreas en las que la empresa sí es muy rentable, como la exploración y producción antes de impuestos, indica Tonatiuh.
"Hay otras áreas que, desde hace años, están en números rojos, sobre todo la del negocio que se refiere a la transformación industrial, que es la refinación y la transformación de los hidrocarburos", añade.
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Además, dice, es necesario que Pemex le dé mayor importancia a la inversión en la transición energética.
Según el comunicado de Hacienda, con esta nueva estrategia "se reformulará el plan de negocios para incluir las acciones necesarias para fortalecer la posición financiera de Pemex en el mediano y largo plazo, así como preparar a la Empresa para los retos que enfrentará el sector en los siguientes años".
Asimismo, se implementarán mecanismos y estructuras financieras que permitan al sector público co invertir en proyectos de exploración y extracción para asegurar la disponibilidad de una plataforma de producción robusta.
El Gobierno mexicano aclaró que "esta transacción que se anuncia no tiene un impacto en el gasto público o en el Presupuesto de Egresos".
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