"La primera ministra está pasando por encima del estado de derecho, atribuyéndose poderes que no tiene por ley, asumiendo funciones que corresponden a otras instancias del Estado con el mandato legal y competencia técnica para tomarlas", dijo Óscar Caipo, presidente de la Confiep, en diálogo con el diario local El Comercio.
El sábado 20, la primera ministra anunció que, tras reunirse con las comunidades andinas de las provincias de Parinacochas, Lucanas y Paucar de Sara Sara, ubicadas en el departamento de Ayacucho (sur), se tomó la decisión de cerrar cuatro minas explotadas por las mineras privadas Ares, Apumayo y Sami.
La primera ministra alegó que la decisión se tomó atendiendo los impactos negativos ambientales, en particular la contaminación de las cuencas de los ríos existentes en la zona.
El titular de la Confiep indicó que con el cierre de las minas, el cual aún no se ha concretado formalmente, se "vuelve a justificar y legitimar a la violencia como medida de presión social en contra de las empresas [privadas]", pues las comunidades habrían protestado con violencia en contra de las operaciones extractivas.
Asimismo, exhortó a la primera ministra a rectificar la medida y a apoyar la inversión, cumpliendo el compromiso del presidente Pedro Castillo de incentivar el aporte de los privados a la economía.