"Estamos cooperando activamente con el Gobierno de El Salvador y ayudándoles a pensar en algunos de los riesgos y desventajas [del uso del bitcoin] para abordarlos", dijo Chalk en una rueda de prensa virtual.
Asimismo, expresó su preocupación por la decisión de El Salvador y añadió que plantea cuestiones de estabilidad fiscal y financiera.
El FMI y el país centroamericano tendrán que negociar el Artículo IV del convenio con el organismo mundial, que refiere a las obligaciones relativas a los acuerdos de intercambio, agregó.
El 5 de junio, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró que el bitcoin sería de curso legal en su país.
Varios días después, el poder legislativo salvadoreño aprobó la Ley del Bitcoin, que entró en vigor el 7 de septiembre.