"La sacaron sin avisar a la familia ni a la defensa y recién ahora nos han llamado, cuando ya está ingresando de vuelta al penal", dijo a reporteros la abogada Norka Cuéllar, en las puertas de la cárcel femenina de La Paz tras el retorno de Áñez.
Sin previo aviso público, Áñez fue llevada a primera hora de la mañana a un hospital público de El Alto, ciudad contigua a La Paz, donde fue sometida a exámenes cardiológicos y otros solicitados por sus familiares y médicos que la atendieron la semana pasada, dijo a Sputnik una fuente de la Dirección de Penitenciarías.
Añadió que esa oficina emitiría más tarde un informe oficial sobre la salud de la exgobernante de 54 años, de quien los médicos del Instituto del Tórax de La Paz, que la examinaron dos veces la semana pasada, diagnosticaron hipertensión y ansiedad.
Irregularidad
La abogada Cuéllar consideró una irregularidad y un riesgo sanitario el traslado de Áñez a un hospital de El Alto, en una operación que duró unas tres horas, sin previa notificación a sus familiares y representantes legales.
"Denuncio el irregular traslado de la expresidenta Jeanine Áñez desde el penal de Miraflores al Hospital del Norte. ¿Cómo la van a llevar al Hospital del Norte? Ella tiene hipertensión arterial, el hospital está a 4.100 metros de altura y no quieren avisar a la familia ni a la defensa por qué", dijo la abogada.
Reveló que, hasta la mañana del miércoles, 18 de agosto, la defensa legal de Áñez no había logrado que las autoridades penitenciarias o judiciales informen oficialmente sobre los pasados exámenes médicos practicados a la exgobernante, en medio de aparatosas operaciones policiales de salida y entrada a la cárcel.
"Solicitamos saber cuál es el estado real de la señora Áñez, la exmandataria no está en buenas condiciones, está muy mal de salud, está muy afectada en su salud", añadió.
Añez está detenida desde marzo y pesan sobre ella dos órdenes de detención preventiva, que prolongarían su reclusión al menos hasta febrero de 2022, en espera de juicio acusada del golpe de Estado de 2019, en el cual el presidente Evo Morales fue forzado a renunciar y ella se proclamó presidenta transitoria.
Por separado, la Fiscalía General tramita la aprobación de varios juicios de responsabilidades contra la expresidenta, por masacres y delitos económicos y administrativos.