El Líbano, cada vez más cerca del colapso total

El desastre, ocurrido a las 18.06, hora local, provocó 217 muertos, incluidos seis niños, y dejó más de 6.500 heridos, algunos de ellos con secuelas de por vida. La onda expansiva asoló barrios enteros, y destruyó viviendas y comercios. Más de 300.000 personas perdieron sus hogares. La ciudad, considerada la "perla de Oriente Medio", nunca volverá a ser la misma de antes.

En el almacén, que previamente se había incendiado antes de reventar, se acumulaban, desde hacía seis años y sin que se respetaran las necesarias medidas de seguridad, nada menos que 2.750 toneladas de nitrato de amonio, una sustancia química muy peligrosa empleada para hacer explosivos.

Los líderes libaneses reconocieron inicialmente que la deflagración, la más grande no nuclear de la historia, parecía ser el resultado de una terrible negligencia. El presidente de la República, Michel Aoun, prometió que las autoridades pedirían cuentas a "los responsables y los negligentes" y los condenarían al "castigo más severo".

Las primeras investigaciones revelaron muy pronto que la existencia del peligroso material abandonado en aquella nave portuaria era conocida por funcionarios de distinto nivel de responsabilidad, pero nadie había hecho nada en todo ese tiempo. El entonces primer ministro, Hasán Diab, dimitió una semana después, admitiendo que "la corrupción es más grande que el Estado". El juez encargado de la instrucción del caso, Fadi Sawwan, presentó cargos contra Diab y tres exministros por "negligencia con resultado de muerte".

Diab rechazó las alegaciones. Poco después, el juez fue recusado y sustituido por Tarek Bitar, quien amplió las investigaciones a militares y oficiales de los servicios de Inteligencia. En febrero, Bitar, quien tampoco descarta que haya sido un sabotaje o un atentado terrorista, pidió al Gobierno y al Parlamento que levantaran la inmunidad de los jefes de las dos principales agencias de seguridad y de dos diputados para que pudiera interrogarles. La clase política, sin embargo, cerró filas y negó esa posibilidad.

El mismo Hasán Nasralá, líder indiscutible del partido y milicia chií Hizbulá desde 1992, cuestionó la imparcialidad de Bitar, al pedir al magistrado que proporcione pruebas que respalden su decisión, pero eso supondría desvelar el secreto del sumario. "La investigación está politizada", dijo Nasralá. "O trabaja de manera clara, o la justicia debe buscar otro juez", añadió. Nasralá hizo estas fuertes declaraciones porque los dos diputados citados por el juez pertenecen al movimiento Amal, el principal aliado político de Hizbulá.

Beirut también rechazó los pedidos de una investigación internacional independiente. Hasta la fecha, nadie se ha responsabilizado de lo ocurrido. Aoun, aliado de Hizbulá, el grupo militante musulmán que ostenta el poder dominante en el conocido como el "país de los cedros", permanece en el cargo. Tampoco ha renunciado la mayoría de los políticos que colectivamente ha conducido a esta nación, antes próspera, hacia la bancarrota y la desesperanza.

Todo esto representa una tragedia mayúscula que muestra el desprecio cruel que la élite política del Líbano siente por sus ciudadanos, ya que antepone sus propios intereses a los de la sufrida población.

El siniestro no desató la actual parálisis institucional, iniciada antes, en otoño de 2019, pero, junto a la pandemia por el COVID-19, ha servido de acelerador y ha terminado desembocando en la peor recesión económica del Líbano desde que, en 1990, terminó una devastadora guerra civil que duró 15 años, tras enfrentar principalmente a comunidades musulmanas y cristianas.

De hecho, el Banco Mundial asegura que el país, el más pequeño en territorio de Oriente Medio y con poco más de seis millones de habitantes, afronta una de las peores crisis financieras desde mediados del siglo XIX.

A pesar de que la moneda local —la libra libanesa— se desploma a nuevos mínimos, perdiendo hasta el 85% de su valor, a pesar de que la hiperinflación se dispara, llegando al 150% en algunos productos, y a pesar de que la escasez de combustible, medicinas y otros bienes de primera necesidad provoca cada vez más a menudo incidentes violentos entre particulares, y las distintas facciones políticas libanesas, que durante décadas se aprovecharon de un sistema de clientelismo manchado por la corrupción, no han logrado ponerse de acuerdo sobre una nueva administración.

Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, miembros destacados de una conferencia de donantes internacionales, están dispuestos a poner miles de millones de dólares de su bolsillo en favor del futuro del Líbano, si se forma un gobierno creíble y estable que sea capaz de atajar el cáncer de la corrupción y poner en marcha las reformas que se necesitan con la máxima urgencia.

Hasta el momento, nada de eso ha ocurrido, y el Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, ha aprobado un paquete de ayudas a la espera de un consenso nacional que nunca llega.

Ante esta desidia irresponsable, ante esta intransigencia egoísta, el Consejo de la Unión Europea (UE) adoptó a finales de julio el marco para poder imponer "medidas restrictivas específicas", es decir, sanciones contra personas y entidades libanesas, que consisten en la prohibición de viajar a la UE y en la inmovilización de bienes.

Por ahora se trata solo de palabras y no de hechos, pero quizás la amenaza del palo sirva para que los sectores inmovilistas se sientan incómodos, reconsideren la situación y dejen de obstruir la investigación judicial y de evitar, por consiguiente, que los presuntos responsables comparezcan ante un tribunal. Eso es lo mínimo que se merecen las víctimas, cuyos familiares enfurecidos siguen saliendo a las calles de una Beirut desangelada y triste para exigir justicia.