"El Gobierno de Chile llama a las autoridades cubanas a no pretender eliminar las legítimas expresiones ciudadanas y a permitir que estas puedan manifestarse en libertad y sin amedrentamientos", consignó un comunicado publicado por la Cancillería chilena.
Asimismo, la administración del presidente Sebastián Piñera señaló que "la libertad de expresión y la manifestación pacífica constituyen derechos humanos que deben ser siempre respetados y resguardados, derechos que son parte de toda sociedad libre y democrática".
"No hay justificación para impulsar medidas represivas que intenten acallar a los ciudadanos que pacíficamente piden mayor libertad, salud oportuna y digna y mejor calidad de vida", afirmó.
El 11 de julio, La Habana y otros municipios de la isla fueron escenarios de protestas y disturbios calificados de reclamos populares por algunos y vandalismo por otros.
Los principales reclamos de los manifestantes iban dirigidos a la falta de medicamentos, los desabastecimientos de productos de primera necesidad, y el rechazo a las tiendas que venden sus productos en divisas fuertes, una medida adoptada hace algunos meses y que desde siempre ha tenido un carácter impopular, a pesar de las explicaciones del Gobierno.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel acusó a los grupos opositores de estar financiados por Estados Unidos, y dijo que se aprovechan de la crisis económica y el rebrote del COVID-19 para incentivar sus acciones desestabilizadoras con el fin de provocar el derrocamiento del Gobierno.