Pese a la polémica interna que desató la concesión de la nacionalidad, ese documento le ha servido de muy poco dentro de la batalla legal que enfrenta en cortes británicas, y el próximo 21 de julio se realizará en Ecuador la audiencia final que determinará si el periodista australiano lo conservará o no.
La nacionalidad le fue adjudicada por la administración de Lenín Moreno (2017-2021) como parte de una estrategia para poner fin a su asilo continuado en la embajada británica desde 2012 y habilitar su deportación a Ecuador, pero el esfuerzo fracasó, ya que Londres alertó que no aceptaría esa decisión unilateral ecuatoriana y que el activista sería detenido apenas saliera de la sede diplomática.
En 2019, Moreno hizo un cambio drástico de estrategia hacia el caso Assange, a quien ya había calificado de "molestia" para su Gobierno: le retiró el asilo y la nacionalidad, señalando que esta había sido otorgada con irregularidades y atribuyendo la decisión a una resolución casi individual de su entonces canciller María Fernanda Espinosa. Ese año, el activista abandonó la embajada y fue detenido.
La iniciativa para retirar la nacionalidad derivó en tribunales ecuatorianos, y el 21 de julio se producirá el capitulo clave de la historia, cuando emita su fallo final el Tribunal Contencioso Administrativo.
"Él sigue siendo ecuatoriano; el 21 de julio esperamos que se deseche la demanda y Julian continúe con la nacionalidad ecuatoriana, de la cual está muy agradecido", dijo a Sputnik su abogado, Carlos Poveda.
No obstante, el defensor admitió: "En lo formal no le ha servido de mucho, porque siendo un ciudadano ecuatoriano en el Gobierno de Lenín Moreno se transgredió la Constitución de Ecuador cuando se estableció que no hay extradición para ecuatorianos".
En la mira de EEUU
Washington reclama a Londres la entrega del activista y periodista australiano para juzgarle por un cargo de conspiración por infiltrar sistemas informáticos gubernamentales y por otros supuestos delitos de obtención y difusión de información confidencial, que viola la Ley de Espionaje.
Según Washington, se trata de la mayor filtración de documentos oficiales de su historia.
Las imputaciones están relacionadas con la publicación en WikiLeaks de unos 90.000 partes de la guerra de Afganistán, 400.000 de Irak, 250.000 cables del Departamento de Estado y más de 800 informes sobre Guantánamo.
En abril pasado, Assange cumplió dos años de prisión preventiva en Londres, en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh.
"El confinamiento, el riesgo de contagio de la pandemia, la negativa de libertad, pese a que no tiene cargos formales, constituyen una situación que le afecta sicológicamente", dice Poveda.
En enero, la jueza de primera instancia Vanessa Baraitser denegó la extradición del australiano por razones médicas, al considerar que presentaba riesgo de suicidio si era entregado a Washington, donde podría recibir una condena de hasta 175 años de cárcel.
EEUU apeló esa decisión y se espera una resolución en los próximos meses.
4 de junio 2021, 13:07 GMT
Adicionalmente, existe otra apelación por la negativa de libertad pues la defensa de Assange sostiene que debería defenderse en libertad y que jurídicamente no hay suficientes elementos para negar esta posibilidad.
"Ojalá hasta finales de año tengamos una decisión y ojalá sea favorable", destaca Poveda.
Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres en junio de 2012, luego de que el Tribunal Supremo Británico autorizara su extradición a Suecia por un presunto delito de agresión sexual.
En agosto de ese año, el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) le concedió asilo diplomático, considerando que la impugnación en Suecia era parte de una estrategia para ser finalmente deportado a EEUU.
En febrero pasado, más de 20 organizaciones, incluidas Amnistía Internacional, American Civil Liberties Union, Freedom of the Press Foundation, Human Rights Watch, Whistleblower & Source Protection Program, pidieron en una carta enviada al Departamento de Justicia de Estados Unidos que se retire los cargos contra Assange, aduciendo que la acusación contra él amenaza la libertad de prensa.
Quienes lo defienden esperan una resolución favorable, aunque juristas tienen pocas expectativas al respecto.