"De conformidad con los artículos 522.6 y 534 del COIP [Código Orgánico Integral Penal] se dicta orden de prisión preventiva contra siete de los procesados, que la cumplirán en la Cárcel 4 de la ciudad de Quito, se solicita se giren las boletas de encarcelamiento y la medida la cumplirán de manera inmediata", dice la orden del juez Felipe Córdova.
Para una persona el juez pidió la libertad inmediata y para otra ordenó la colocación de un grillete electrónico, presentación cada 8 días en la sala penal prohibición de salir del país.
A todos los procesados se les inmovilizarán las cuentas bancarias y se prohibirá enajenar bienes, luego de los respectivos trámites.
El 13 de abril el ministro de Gobierno del país, Gabriel Martínez, dijo que 14 personas fueron detenidas para investigaciones, pero en la noche la Fiscalía aclaró que los detenidos para investigaciones fueron nueve.
Las nueve personas fueron previamente detenidas por la Fiscalía con fines investigativos, en la madrugada del martes 13, acusadas de delincuencia organizada.
En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal General, Diana Salazar, para fundamentar los cargos presentó versiones de funcionarios de la Contraloría General del Estado, documentos que señalan el procedimiento para el desvanecimiento de varias glosas y una asistencia penal internacional llegada de Estados Unidos, entre otros.
Investigación desde 2019
La orden del juez se da en medio de una investigación que comenzó en junio de 2019, por presuntos actos de corrupción en la estatal Petroecuador, la Contraloría y la Secretaría General de la Presidencia.
Este caso comenzó con la indagación penal contra el sobrino del Contralor y Raúl de la Torre, un exfuncionario de Petroecuador, procesado en Estados Unidos por el delito de lavado de activos, que habría recibido 3,1 millones de dólares en sobornos para que una compañía obtenga contratos con la petrolera ecuatoriana.
De la Torre fue arrestado en Estados Unidos en junio de 2019.
En Estados Unidos se investigan alrededor de 14 casos de corrupción, por un total de alrededor de 40 millones de dólares, en la estatal Petroecuador.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de las revelaciones de los papeles de Panamá, en 2016.
En Ecuador, varios exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) fueron sentenciados por el caso, entre ellos los exgerentes, Carlos Pareja Yanuzzelli, Alex Bravo y Marco Calvopiña.