La médica de familia, Anna Vidal, quien se había jubilado en septiembre de 2019, decidió ayudar en la línea de frente de combate al coronavirus en Barcelona durante la primera ola de la pandemia. Su decisión la tomó tras un llamado de las autoridades a los profesionales de salud ya retirados, en el cual pedían reforzar el sistema sanitario, en riesgo de colapso.
Vidal, entonces, acudió a la Fundació Althaia, una entidad privada responsable de administrar los centros de atención primaria de la ciudad de Manresa, detalló el diario El Mundo. Tras firmar un contrato laboral, se dedicó a hacer seguimiento telefónico de pacientes contagiados por COVID-19 por cerca de tres meses.
"Creo que fui realmente útil para muchos pacientes", dijo la médica a La Vanguardia, al comentar su participación en el combate a la pandemia.
Sin embargo, el pasado noviembre, Vidal recibió una notificación de la Seguridad Social en la que informaban que era "incompatible" el cobro de una parte de su pensión con el contrato que realizó. Desde entonces, han pasado a descontar 400 euros mensuales hasta completar los 3.000 euros que supuestamente debe la profesional de salud al Estado.
Desde la Seguridad Social, sostienen que el Ministerio de Sanidad permitió que los profesionales de salud volvieran a trabajar en el marco de la pandemia de COVID-19 sin dejar de cobrar su pensión únicamente si firmaban contratos estatutarios.
"Resulta que la empresa que me hizo el contrato de la pandemia era una entidad privada, la Fundación Althaia, y mi contrato, laboral, no estatutario", explicó la médica.
Con el auxilio del Colegio de Médicos de Barcelona, Vidal ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
"El Colegio de Médicos me ha facilitado asesoramiento jurídico, pero si pierdo, tendré que pagar, además de la pensión, las costas", lamentó la profesional de la salud.