"A las acusaciones presentadas anteriormente de importación ilegal de transmisores de radio portátiles, su uso sin registro estatal y la violación de la ley sobre el régimen de estado de emergencia, así como las acusaciones añadidas después de recibir sobornos, se suma el caso sobre violación de la ley sobre secreto de Estado", afirmó la abogada Min Min Soe.
El castigo por la violación de la ley sobre secreto de Estado prevé 14 años de prisión.
El 1 de febrero pasado, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, y decretaron el estado de emergencia por un año.
Los altos mandos del ejército, que estuvieron gobernando en Birmania durante décadas, justifican el golpe por las denuncias de fraude masivo en las elecciones generales de noviembre pasado, que dieron una clara victoria a la Liga Nacional para la Democracia.
La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas desafiando la represión y protagonizando protestas callejeras y acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del Gobierno civil y la liberación de los presos políticos.