"Presentamos el pedido de juicio político contra el presidente y el vicepresidente de la República para su debate y análisis", dijo la diputada Kattya González.
El pedido de juicio político se basa en el supuesto mal desempeño en sus funciones, principalmente en la gestión ante la pandemia, compra tardía de vacunas y falta de medicamentos.
Por su parte, el presidente del opositor Frente Guasú (centro-izquierda), el senador Carlos Filizzola, dijo a Sputnik que es probable que el pedido de juicio político contra Abdo Benítez no vaya a prosperar.
"Y hasta ahora hay dudas, pero lo más probable es que los colorados (legisladores del partido oficialista) blinden a Abdo", dijo Filizzola.
Agregó que de ocurrir eso "será una bofetada al pueblo que está pidiendo que salgan el presidente y el vicepresidente (Hugo Velázquez). La ciudadanía está movilizada en las calles exigiendo que se vayan ambos porque el Gobierno es totalmente inepto y corrupto".
"Hay una versión de que los legisladores del oficialista Partido Colorado (centro-derecha) van a tratarlo hoy mismo para rechazarlo", sostuvo Filizzola.
Situación de Abdo Benítez
Analistas y algunos políticos opositores advierten que Abdo Benítez ha quedado debilitado ante la fuerte y creciente presión pública, y a merced de los deseos del exmandatario Horacio Cartes (2013-2018), quien maneja la mayoría del oficialista Partido Colorado (derecha) en el Congreso legislativo.
La analista en política y periodista Estela Ruiz Díaz, de la radio Monumental y el diario Última Hora, dijo a Sputnik que Abdo Benítez "queda debilitado ante esta situación", a pesar de que hace mucho que ya se lo considera un "presidente muy vulnerable", indicó.
Abdo Benítez ya estuvo cerca del juicio político en agosto de 2019, cuando llevaba un año al frente del país. El motivo fue un fallido acuerdo con Brasil sobre cómo emplearían los dos países en los próximos tres años la electricidad que genera la central de Itaipú, situada en el fronterizo río Paraná.
El pacto, firmado en secreto el 24 de mayo de 2019, estipulaba nuevos términos y disposiciones para Paraguay que, según críticos, implicaban aumentos en las tarifas para el país, entre otros perjuicios.
Tras conocerse el contenido en julio de ese año, se desató una ola de renuncias, y el acuerdo fue finalmente anulado a pedido de Asunción.