"Ante los infundados señalamientos emitidos, el Gobierno de Venezuela someterá a revisión la relación con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la próxima renovación de la carta compromiso", señala el comunicado difundido por el canciller Jorge Arreaza.
Bachelet presentó un informe oral ante el Consejo de DDHH, en el que expresó preocupación por las supuestas "ejecuciones extrajudiciales" en operaciones de seguridad en Venezuela.
En ese sentido, el Gobierno venezolano dijo que es "preocupante" que la alta comisionada ceda a la presión de actores anti venezolanos y realice afirmaciones sesgadas y alejadas de la verdad, al hacerse eco de campañas mediáticas y presentando especulaciones ideologizadas.
"A pesar de la presencia de su oficina en el terreno y de los fluidos mecanismos de diálogo existentes con el Estado venezolano, derivados de la Carta de Entendimiento sobre asistencia técnica y cooperación recientemente renovada, la información que maneja y presenta la alta comisionada no dista mucho de la que difunden los gobiernos y medios que aspiran un escenario de violencia en Venezuela", señala el texto.
En su informe, Bachelet denunció que en Venezuela se "ha agravado la situación humanitaria" ante las limitaciones para acceder a los servicios básicos, asistencia médica, agua, gas, alimentos y gasolina.
Además, la alta comisionada se mostró preocupada por el salario que perciben los ciudadanos al mes, pues dijo que "al menos un tercio de los venezolanos estarían en situación de inseguridad alimentaria".
10 de marzo 2021, 19:37 GMT
El Ejecutivo manifestó que el reporte de Bachelet es emitido por el mandato de una "politizada" resolución del Consejo de Derechos Humanos, promovida por el Gobierno de Estados Unidos, a través del Grupo de Lima.
En 2019, el Gobierno venezolano firmó una carta de entendimiento con la Oficina de la Alta Comisionada que le permitía mantener oficiales de ese organismo en el país caribeño.