"El sistema de justicia hondureño hace sus oídos sordos ante la existencia de numerosa información recabada y de profundas investigaciones de expertas y expertos internacionales que han identificado a los autores intelectuales del crimen y que permanece en los expedientes judiciales", expone el comunicado del Copinh.
La organización, que coordina la hija de la dirigente fallecida, Bertha Zúñiga, señala que transcurridos 1.827 días del feminicidio "la luz de la justicia y la verdad se han escapado de la sociedad hondureña porque el sistema judicial evita que haya justicia por el crimen de Berta Cáceres".
En su denuncia, el Copinh advirtió que las presiones de grupos económicos y políticos impiden el avance de la justicia, y reclamó que Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah sean presentados ante los tribunales para que respondan por sus crímenes.
"Nueva información sobre esta causa ha puesto de manifiesto que detrás del crimen existen irregulares movimientos de dinero de origen extranjero y que la motivación del asesinato son los actos corruptos del proyecto hidroeléctrico (Agua Zarca) propiedad de la familia Atala", agrega el comunicado.
En ese sentido, señala que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras "exige que los miembros de la familia Atala Zablah involucrados en este crimen sean procesados, enjuiciados y castigados sin más dilación".
Además demanda que el juicio contra David Castillo, acusado de coautoría del crimen al actuar como el enlace entre los autores materiales (sicarios) e intelectuales (familia Atala) no se dilate más.
La lideresa del pueblo lenca Berta Cáceres (1973-2016), acreedora del Premio Goldman (2015) a los defensores de la naturaleza, fue baleada en su vivienda la noche del 2 al 3 de marzo de 2016.
Cáceres se destacó por su lucha frontal contra los desarrolladores del proyecto hidroeléctrico sobre el río Gualcarque, que su comunidad considera sagrado y vital para su supervivencia.