Cada persona en Europa genera un promedio de 16 kilos de basura electrónica al año, cantidad que se espera que baje gracias a la nueva disposición. Según explicó a Sputnik la española Anabel Rodríguez, directora ejecutiva del Observatorio Iberoamericano de Sostenibilidad y Economía Circular, la medida es producto del trabajo de individuos, organizaciones y gobiernos que presionaron para introducir el tema en los ámbitos de discusión del bloque.
La puesta en práctica del llamado derecho a reparar representa un triunfo sobre la obsolescencia programada, concepto que describe cómo los fabricantes limitan la vida útil de los productos desde la fase de diseño y producción.
Uno de los ejemplos más extendidos es el que brinda el mercado de teléfonos móviles, cuyas actualizaciones constantes y la dificultad de suplantar componentes de los aparatos obstaculiza su reparación y favorece el cambio frecuente.
"Se pretende poner como un índice de reparabilidad, de tal manera que aparezca en una etiqueta en cada envase de los productos en el mercado. Lo mismo que con las [actuales] etiquetas de eficiencia energética de los electrodomésticos, que indican cuánto consumen. Pues igual, que un número indique si es fácil de reparar ese producto o si no lo es", indicó Rodríguez.
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