Según detalla el dictamen del Comité de la ONU, el Estado español deberá proporcionar a la joven "una reparación efectiva por las violaciones sufridas, incluida una compensación adecuada por los daños morales ocasionados, un acompañamiento psicológico especializado para víctimas de violencia sexual y la rectificación de su fecha de nacimiento en su documentación".
El caso de la niña camerunesa se remonta a agosto de 2017, cuando llegó al aeropuerto de Barajas huyendo de Camerún. Tras brindar su testimonio, la Policía la registró como "menor de edad posible solicitante de asilo" y fue trasladada a un centro de acogida de menores en Madrid. Allí permaneció dos meses hasta que le pidieron que contactase con sus padres para que le enviaran la documentación que acreditara que era menor de edad. Como la joven se negó, alegando tener miedo a su padre, el centro solicitó a la Fiscalía iniciar el protocolo para determinar su edad.
Fue en ese momento cuando la niña fue sometida a una exploración física con desnudo integral y de sus genitales, además de radiografías de la mandíbula y la muñeca.
Tras esta exploración, en donde la niña no tuvo representación ni acompañamiento legal, la Fiscalía dictó que la joven era mayor de edad y la Comunidad de Madrid le retiró la protección y la expulsó del centro de menores.
La joven vivió en la calle hasta que otro menor de edad la llevó a la Fundación Raíces, que desde entonces asumió su defensa.
Para el Comité de Derechos de los Niños de la ONU, este procedimiento no contó con las garantías necesarias y violó sus derechos que están reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
"El Comité considera que no se tomó el interés superior del niño como consideración primordial en el procedimiento de determinación de la edad al que fue sometido la autora, procedimiento que constituyó además una injerencia ilegal en su vida privada como víctima de violencia sexual", indica el dictamen.
Además, insiste que el hecho de que se le considerada como adulta "en el momento de la huida de su país de origen hubiera podido tener consecuencias muy graves a la hora de poder valorar con exactitud las alegaciones de persecución formuladas en su solicitud de asilo y la expuso a un riesgo de daño irreparable en caso de devolución a su país de origen".
Tras este dictamen a su favor, la joven reconoció sentirse "muy alegre de que, al fin, se reconozca y se acepte que yo era una niña de 16 años cuando llegué a España y no 18 como ellos me echaron. Ahora ya puedo seguir viviendo siendo yo misma, con mi edad de verdad, antes no era yo, era otra persona que ellos inventaron".
El Comité recomienda a España que nunca más realicen exploraciones genitales como método para determinar la edad y que se asigne "lo antes posible" un tutor a los niños menores de edad que llegan sin acompañamiento. A su vez, le dio al Ejecutivo un plazo de 180 días para que informe sobre las medidas que tomará porque el Estado "tiene la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro".
"Me gustaría que ninguna otra niña o niño en el mundo pasara por esto y que yo pudiera ayudar a otros", expresó la joven camerunesa.