En una providencia dictada este 25 de febrero, el instructor de la causa contra los líderes del proceso independentista catalán consultó a las partes sobre la posibilidad de dirigirse al TJUE con una cuestión prejudicial sobre su entrega.
Llarena concedió un plazo de tres días para alegaciones al fiscal, partes acusadoras y defensas de Puigdemont y sus exconsejeros de Gobierno, también huidos, Lluís Puig, Antoni Comín (en Bélgica) y Clara Ponsatí (en Escocia).
El Supremo reclama su presencia en España desde finales de 2017 para juzgarles por su papel en la organización del referéndum ilegal en Cataluña y la posterior declaración unilateral de independencia.
En este nuevo movimiento para tratar de extraditar a los políticos separatistas, el magistrado español quiere preguntar a la Justicia europea sobre el alcance de las posibilidades de petición y las razones de denegación de una orden de detención y entrega.
Con esta petición, Llarena busca "establecer criterios estables que conduzcan la decisión de mantener, retirar o emitir nuevas Órdenes Europeas de Detención contra todos o algunos de los procesados en la citada causa".
Esto le permitiría adelantarse a futuras resoluciones de la justicia de Bélgica, que en enero rechazó de manera definitiva la extradición de uno de los exdirigentes catalanes, el exconsejero Puig.
El Tribunal de Apelación belga argumentó en su fallo la falta de competencia del Tribunal Supremo para solicitar la entrega a España del político.
Esta decisión constituye un precedente para la situación de Puigdemont y sus exconsejeros en el extranjero, ya que las defensas confían que las próximas decisiones de los tribunales se orientarán en el mismo sentido.