Las mujeres, que vivían en Uruguay en situación de necesidad, eran trasladadas a España y obligadas a prostituirse en la vía pública y en casas de citas en condiciones insalubres.
El operativo se realizó de manera simultánea en España y Uruguay. En el país ibérico se registraron dos fincas en Guadalajara y una en Alcalá de Henares, mientras que en la nación latinoamericana se allanaron tres domicilios. Tras el operativo se incautaron documentos, dispositivos informáticos, dinero y numerosas joyas y efectos de valor.
Ocho miembros de esta red fueron detenidos, cinco de ellos en territorio español. Se les acusa de delitos de pertenencia a una organización criminal y trata de seres humanos con fines de explotación sexual. De los ocho detenidos, cuatro ya han ingresado en prisión provisional.
La investigación sobre esta red de trata de personas se inició desde el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional gracias a la información que aportó una ONG.
La organización trasladaba a las mujeres desde su país de origen hasta España. Una vez en territorio español, eran recogidas en el aeropuerto por los responsables de la organización o por sus familias, y luego eran llevadas a domicilios particulares en Alcalá de Henares y Guadalajara.
Nada más llegar, las mujeres contraían una deuda económica con sus explotadores que superaba los 3.500 euros por concepto de traslado, documentación y ropa. Además, debían pagar 20 euros diarios por alojamiento y manutención. La forma de saldar esa deuda era ejerciendo la prostitución.
Las mujeres se prostituían principalmente en una finca de Alcalá de Henares y en las calles del polígono industrial de esa localidad. Los precios de los servicios sexuales oscilaban entre los 20 y 30 euros y de esa cifra la mitad debían dársela a la organización.
Además, eran obligadas a trabajar de lunes a sábado desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, incluso con temperaturas bajo cero durante el temporal de nieve Filomena.