La investigación, en la que se implicaron agentes de Francia, Rumanía y Moldavia, comenzó en 2018, cuando la Policía francesa interceptó una furgoneta que transportaba a diez migrantes irregulares.
El grupo criminal, organizado por un rumano residente en Francia, introdujo al menos 40 ciudadanos moldavos para explotarlos en obras de construcción, les proporcionó documentos de identidad y permisos de conducir falsos, a nombre de nacionales de Rumanía, y los puso a trabajar 55 horas a la semana por 60 euros al día.
Esta actividad trajo a los criminales un beneficio de casi 14 millones de euros, dinero que blanquearon a través de ocho empresas pantalla, la mayoría instaladas en Francia.
Varias redadas que se llevaron a cabo simultáneamente en medio centenar de lugares en Francia, Rumanía y Moldavia derivaron en el arresto de 38 sospechosos hasta el 22 de febrero pasado, y en la confiscación de 19 autos, dos motos acuáticas, armas, teléfonos y liquidez por un importe total de 100.000 euros, además de una docena de cuentas embargadas.