"En relación a lo que hace la Justicia de nuestro país, el Gobierno no se pronuncia", declaró Calvo en rueda de prensa pocas horas después de la detención del artista, condenado en 2018 por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.
No obstante, la vicepresidenta recordó que como "parte de las reflexiones" del Ejecutivo en torno al caso de Hasél, el Ministerio de Justicia planea revisar este tipo de faltas para que no sean castigadas con penas de cárcel.
"Nosotros pensamos que deben ser modificados", dijo en referencia a los delitos relacionados con la libertad de expresión, que no conllevan riesgo en la seguridad de las personas.
Calvo reconoció que la privación de libertad, como modo de sanción a casos como el de Hasél, "no procede en el ámbito de las libertades de una democracia" y aseguró que "el Gobierno está trabajando en ello.
El Ministerio de Justicia español pretende reforzar la protección de manifestaciones artísticas, culturales e intelectuales en el marco de la libertad de expresión con la "tolerancia propia de una democracia madura", dijo la vicepresidenta.
El caso de Pablo Hasél provocó una ola de indignación entre la sociedad y algunos sectores políticos, que llevó al Gobierno de España a anunciar la reforma a principios de febrero.
A raíz de su arresto, este 16 de febrero grandes ciudades de España como Madrid, Zaragoza, Barcelona, Santiago de Compostela o Lleida —donde nació el artista— acogerán manifestaciones en protesta.