En un comunicado, el Consejo Nacional de la Amazonía destacó que uno de los cuatro ejes principales para el periodo 2021/2022 será "priorizar las áreas donde los delitos [ambientales] puedan impactar de forma más decisiva en los resultados de la gestión ambiental".
En declaraciones durante la reunión del consejo, Mourao explicó que el 70% de los delitos ambientales que se producen en la Amazonía se da en esos 11 municipios: siete están en el estado de Pará (norte), uno en el de Rondonia (norte), dos en el estado de Amazonas (norte) y uno en Mato Grosso (centro-oeste).
Desde mayo del año pasado, cientos de militares de las Fuerzas Armadas están en la selva para intentar frenar la deforestación en el marco de la 'Operación Verde Brasil 2', que acabará el próximo 30 de abril.
El vicepresidente aseguró que a partir de ahora los militares sólo se movilizarán "como último argumento" y siempre que dé su visto bueno el presidente Jair Bolsonaro.
De esta forma, el control de la deforestación y los incendios ilegales quedará de nuevo en manos casi exclusivamente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), una especie de policía ambiental que en los últimos años fue prácticamente desmantelada por el Gobierno.
Al ser preguntado sobre objetivos concretos, Mourão no dio cifras y citó el compromiso de Brasil en el marco del Acuerdo de París contra el cambio climático, que prevé acabar con toda la deforestación ilegal antes de 2030.