Exintegrantes de las desmovilizadas FARC, específicamente Julián Gallo Cubillos, señalaron a instancias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que el crimen fue ordenado por el entonces Secretariado de la estructura criminal y discutido en el denominado Estado Mayor.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia encontró elementos que darían cuenta de la supuesta responsabilidad de esta organización en el magnicidio.
En ese sentido, ordenó la vinculación formal de Iván Márquez, quien para la fecha de los hechos pertenecía a la máxima dirigencia de las FARC.